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HISTORIA

La trayectoria histórica de los territorios españoles que hoy conforman el Estado español ha sido un recorrido íntimamente relacionado con los avatares de las áreas circundantes, aunque con una marcada personalidad propia. En cada etapa de la historia peninsular los vínculos con el exterior y entre esos territorios hispanos han fluctuado en gran medida.

Prehistoria

Los más viejos testimonios de la presencia del hombre en la península Ibérica son los restos antropológicos del yacimiento Gran Dolina de Atapuerca, en la provincia de Burgos, cuya antigüedad se remonta a casi un millón de años. Con ellos se inaugura la primera edad de la prehistoria, el paleolítico, en cuyas postrimerías se sitúa, por cierto, otra de las más brillantes manifestaciones hispánicas del cuaternario: el arte rupestre de los cazadores, tan bien ejemplificado en la cueva cántabra de Altamira. En torno al 5000 a.C. y en el marco de la cultura de la cerámica cardial del Mediterráneo occidental, arraigó el neolítico, teniendo lugar la aparición de la agricultura y la ganadería, así como otros avances técnicos, caso de la piedra pulimentada, el tejido o la alfarería. Dos milenios después, casi todo el solar ibérico fue escenario de una espectacular eclosión de dólmenes o sepulturas megalíticas, y hacia el 2500, en el seno de la civilización almeriense de Los Millares, ya incipientemente metalúrgica, se va a atestiguar el surgimiento de los primeros poblados estables, inclusive fortificados. Este sustrato indígena peninsular, que alcanza su madurez en el bronce pleno —cuando, por ejemplo, en el sureste se desenvuelve la cultura de El Argar—, adquirió en torno al año 1000 a.C. un carácter más cosmopolita como consecuencia, entre otros factores, de la pujanza del comercio atlántico, de la inyección demográfica de grupos invasores de origen centroeuropeo (como los pueblos de los Campos de Urnas, que llegaron atravesando los Pirineos) y, sobre todo, de la colonización del sur y del este peninsular por parte de comerciantes de origen semita, los fenicios, que aportaron a Occidente el conocimiento del hierro y de la escritura, así como la civilización urbana. Las poblaciones indígenas andaluzas y levantinas, ganadas por esta última influencia y en menor medida por el impacto colonial griego, se vieron inmersas desde el siglo VII a.C. en un proceso de orientalización que acabó forjando la cultura ibérica con la que contactaron cartagineses y romanos en las Guerras Púnicas. En el interior y en el norte de la península, por el contrario, se desenvolvieron pueblos prerromanos muy diferentes, celtíberos y celtas según las fuentes, en los que el influjo de la cultura de La Tène y la tradición continental de los Campos de Urnas jugaron un papel de mayor relevancia.

Época antigua

La presencia romana en tierras hispanas data del siglo III a.C., con motivo de su lucha contra los cartagineses. Inicialmente conquistaron Cartago Nova (actual Cartagena) en el 209 a.C. y Gadir (actual Cádiz) en el 206 a.C., extendiendo después su dominio por el este y sur peninsulares. En el transcurso del siglo II a.C. los romanos avanzaron hacia el centro y oeste del territorio hispánico, encontrando en algunos casos una tenaz resistencia, como sucedió con los lusitanos, a los que dirigía Viriato, y con los celtíberos, que defendieron heroicamente Numancia. La etapa final de la conquista de la península Ibérica por los romanos estuvo dirigida por Augusto y se desarrolló contra los cántabros y los astures, en los últimos años del siglo I a.C.
Los romanos bautizaron el territorio peninsular con el nombre de Hispania. Dividido en un principio en dos provincias, Citerior y Ulterior, en el siglo III d.C. comprendía las provincias de Bética, Lusitania, Galaecia, Tarraconense y Cartaginense. En el siglo IV d.C. se creó la provincia Baleárica. Roma, que estaba interesada por las riquezas de Hispania (ante todo las mineras), creó en la península Ibérica numerosas colonias y difundió su lengua y su cultura. Ese proceso de romanización se plasmó básicamente en la expansión de la lengua latina y del Derecho romano. Paralelamente Roma creó una importante red de comunicaciones y construyó abundantes obras públicas. En el ámbito de la vida espiritual, Roma estaba interesada en primer lugar en promover el culto imperial, pero también llegó a Hispania en ese tiempo el cristianismo, que ya estaba sólidamente arraigado en el resto del Imperio romano desde el siglo II d.C.
La crisis del siglo III afectó a las provincias de Hispania. Al tiempo que decaían las ciudades se ampliaba la distancia que había, desde el punto de vista social, entre los grupos más poderosos (potentiores) y los más débiles (humiliores). En esas condiciones, a comienzos del siglo V (409) tuvo lugar la invasión de la península Ibérica por los denominados pueblos ‘bárbaros’, todos ellos de origen germánico: suevos, vándalos y alanos. De estos pueblos sólo los suevos se asentaron en Hispania, concretamente en la provincia de Galaecia. Poco después llegaron a la península Ibérica los visigodos, aunque su establecimiento definitivo en Hispania no se produjo hasta el siglo VI, después del fin del Imperio romano de Occidente (476).

Época medieval

El rey Leovigildo acabó con el reino suevo y afirmó la hegemonía visigoda en la península Ibérica. Su sucesor, Recaredo, abjuró del arrianismo, la religión de los visigodos, aceptando el catolicismo en el III Concilio de Toledo del año 589. En el siglo siguiente otro monarca, Recesvinto, promulgó el Liber Iudiciorum (654), por el que se ponía fin a las diferencias jurídicas entre visigodos e hispanorromanos. No obstante, la monarquía visigoda era débil, tanto por el carácter electivo de sus monarcas como por la gran influencia que ejercían la Iglesia y los magnates nobiliarios.
La población visigoda era muy reducida, sobre todo en comparación con la hispanorromana, y su economía era esencialmente agropecuaria. Paralelamente se desarrollaban las relaciones de tipo personal, que anunciaban la futura sociedad feudal. La principal institución política era el Aula Regia, órgano consultivo de los reyes. También tuvieron gran importancia los concilios eclesiásticos, en los que se trataban asimismo cuestiones políticas. En la cultura, claramente orientada al servicio de la Iglesia, la figura más relevante fue Isidoro de Sevilla, autor de las célebres Etimologías.

Desde finales del siglo VII se recrudeció en la Hispania visigoda la lucha por el poder. En ese clima se produjo, en el año 711, la invasión de la península Ibérica por los musulmanes, que procedían del norte de África. La derrota y muerte del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete supuso el fin del poder visigodo en Hispania.

En muy pocos años los musulmanes conquistaron todo el territorio peninsular, excepto las zonas montañosas del Cantábrico y del Pirineo. Los invasores (en su mayor parte bereberes aunque dirigidos por árabes) eran escasos, no obstante gran parte de la población anterior de Hispania aceptó la religión musulmana, convirtiéndose en muladíes, término con el que se designaba a quienes abrazaban el islam después de haber rechazado su religión original. Se estableció un emirato en Córdoba, dependiente de Damasco, donde se hallaban los califas. En el año 756 ocupó el emirato un miembro de la familia Omeya, Abd al-Rahman I, que pudo escapar a la matanza de la que fue objeto su familia y se proclamó emir independiente de los nuevos califas Abasíes, establecidos en Bagdad. Esa situación perduró hasta que en el año 929 el emir Abd al-Rahman III decidió proclamarse califa, lo que suponía la ruptura de los vínculos religiosos con Bagdad. A Abd al-Rahman III, que fue un gran político y militar, le sucedió como califa Alhakem II, famoso por su papel protector de las letras y las artes. Pero a finales del siglo X el hachib Almanzor se hizo con el poder en Córdoba, estableciendo una dictadura militar y lanzando terroríficas campañas contra los cristianos. El califato, no obstante, se desintegró en los primeros años del siglo XI, siendo finalmente sustituido por un mosaico de reinos de taifas.

Al-Andalus, nombre dado por los musulmanes a Hispania, tuvo una economía próspera, con una agricultura avanzada, en la que tenía un gran peso el regadío, y una importante actividad artesanal y mercantil. La circulación de monedas de oro (dinar) y de plata (dirham) y la vitalidad de los zocos de las ciudades son buenas muestras de ello. Pero también destacó al-Andalus por el desarrollo de la cultura, tanto en las disciplinas humanísticas como en las científicas. Recordemos, como ejemplo, la introducción, a fines del siglo IX, del sistema de numeración indio que se impuso al romano. En el campo de las artes sus obras más significativas son, entre otras, la mezquita de Córdoba y el palacio-ciudad de Medinat al-Zahara, cerca de Córdoba.

En las montañas septentrionales, en donde vivían pueblos escasamente romanizados a los que se sumaron algunos godos que encontraron allí refugio, se formaron diversos núcleos de resistencia a los musulmanes. El más antiguo fue el de Asturias, surgido tras la victoria lograda en el año 722 por el godo Pelayo en Covadonga. El reino astur se proclamó heredero del visigodo, extendiendo su influencia hacia el este y hacia el oeste. El descubrimiento en tierras de Galicia, a principios del siglo IX, de los presuntos restos del apóstol Santiago dio un gran aliento a los cristianos. En el transcurso de los siglos IX y X se desarrolló la repoblación del valle del Duero, territorio que se encontraba semivacío, hasta la línea del río, adonde llegaron los astures hacia el año 900. Allí se creó una sociedad de nuevo cuño, en la que abundaban los campesinos libres. Al mismo tiempo el reino astur se había convertido en reino de León. No obstante dentro de la submeseta Norte se diferenciaban la zona occidental o leonesa, más próxima a la corte, y la oriental o castellana, aglutinada en un único condado (donde destacó la figura del conde Fernán González, que consiguió la independencia del condado), territorio de frontera en donde imperaba la costumbre y en donde se fue gestando la lengua romance castellana.

En la zona oriental de la península surgieron tres núcleos de resistencia. En los Pirineos occidentales nació el reino de Pamplona, que se expandió hacia el valle del Ebro en los inicios del siglo X. En los Pirineos centrales se constituyó el condado de Aragón. El más oriental de dichos núcleos era la Marca Hispánica, fruto de la colaboración entre los naturales de aquel territorio y los reyes francos. La Marca estaba integrada por diversos condados, de los cuales el más importante era el de Barcelona, en donde destacó, a finales del siglo IX, Vifredo el Velloso. Un siglo después se rompieron prácticamente los vínculos de los condes de la Marca con los reyes francos, acontecimiento que ha sido considerado como el acta de nacimiento de Cataluña.
A mediados del siglo XI cambió la correlación de fuerzas entre los cristianos y los musulmanes de Hispania. La fragmentación de al-Andalus facilitó la puesta en marcha de una ofensiva en toda regla por parte de los cristianos del norte. Desde esas fechas puede hablarse del inicio del periodo de la Reconquista, pues se luchaba para recuperar unas tierras sobre las que los cristianos creían tener derecho. En la zona occidental, los avances más espectaculares los llevó a cabo Alfonso VI, rey de Castilla (titulación surgida en el siglo XI) y León, quien ocupó Toledo (1085) y otras localidades del valle del Tajo, al tiempo que impulsó la repoblación de las Extremaduras, es decir el territorio situado entre el Duero y el sistema Central. En la zona oriental, los reyes de Aragón (también el antiguo condado se hizo reino en el siglo XI) conquistaron, a fines del siglo XI, Huesca y Barbastro, y los condes de Barcelona extendieron sus territorios hasta Tarragona.

Antes de concluir el siglo XI llegaron a la península, procedentes del norte de África, los almorávides, que unificaron nuevamente al-Andalus; pese a esto, Alfonso I de Aragón realizó importantes conquistas en el valle medio del Ebro, ante todo Zaragoza (1118). Unos años más tarde, ya con los almorávides en retirada, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV (protagonista de la fusión con el reino de Aragón) completó la ocupación del valle del Ebro, con la toma de Tortosa (1148) y Lérida (1149). Alfonso VIII de Castilla, por su parte, avanzó por la submeseta Sur, conquistando Cuenca (1177). No obstante, la llegada de los almohades, también desde el norte de África, en la segunda mitad del siglo XII, contuvo otra vez a los cristianos. Pero la resonante victoria alcanzada por una coalición de reyes cristianos formada por Pedro I de Aragón y Cataluña, Sancho VII de Navarra y Alfonso VIII de Castilla en las Navas de Tolosa (1212) no sólo acabó con los almohades sino que abrió paso a la irrupción de los cristianos en lo que quedaba de al-Andalus.

Las grandes conquistas cristianas tuvieron lugar en el siglo XIII. Jaime I de Aragón llevó a cabo la conquista de Mallorca (1229) e islas adyacentes y, posteriormente, del reino de Valencia, cuyo hito principal fue la toma de la ciudad de Valencia (1238). Fernando III, rey de Castilla y León, incorporó a sus dominios el valle del Guadalquivir, siendo sus éxitos más resonantes la ocupación de Córdoba (1236) y de Sevilla (1248). Su sucesor, Alfonso X, que había incorporado el reino de Murcia cuando sólo era infante, completó el dominio del valle del Guadalquivir con la conquista de Cádiz (1262). Las tierras recién ganadas a los musulmanes fueron objeto de un proceso repoblador: por una parte se premió a los nobles que participaron en la conquista, por otra se repartieron tierras entre los colonos que acudían desde el norte.

A mediados del siglo XIII había en la España cristiana dos grandes núcleos políticos: en la zona occidental los reinos de Castilla y León, unificados desde el año 1230, y en la oriental el bloque integrado por el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Portugal se había convertido en reino independiente en el siglo XII. Navarra, sin participación en la Reconquista, se inclinaba hacia el territorio francés. En al-Andalus sólo subsistía el reino Nazarí de Granada.

La economía de los núcleos cristianos era esencialmente rural, con un papel muy destacado de la ganadería lanar trashumante, que contaba en Castilla, desde 1273, con una poderosa institución, el Honrado Concejo de la Mesta. Pero se observa al mismo tiempo un progreso de las ciudades y del comercio. De ahí que la sociedad, tradicionalmente integrada por clérigos, caballeros y campesinos, se diversificara con la aparición, desde el siglo XI, de la burguesía urbana. También había en los núcleos cristianos comunidades de mudéjares (gentes de religión musulmana) y de judíos. En el terreno político quizá la principal novedad fue la aparición de las Cortes en los diversos reinos hispánicos (1188 en León, 1218 en Cataluña, 1264 en Aragón, 1283 en Valencia). En las mismas, junto a la nobleza y el clero, participaban los representantes de las ciudades. Asimismo se difundió en el siglo XIII en la península el derecho romano, como se comprueba en las Siete Partidas, la magna obra jurídica del rey castellano-leonés Alfonso X.

La Iglesia conectaba cada día más con la cristiandad occidental. A fines del siglo XI llegó a la península Ibérica la reforma gregoriana y en el siglo XII nacieron las órdenes militares hispánicas (Alcántara, Calatrava y Santiago en la Corona de Castilla; Montesa, algo más tardía, en la Corona de Aragón). Por lo demás, existía una importante vía de comunicación con Europa, el Camino de Santiago, por el que circulaban personas, productos e ideas. También asistimos en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII a la consolidación de las lenguas romances, como el castellano, el catalán o el gallego. Desde el punto de vista cultural hay que destacar la Escuela de Traductores de Toledo, importante núcleo cultural en el que convivían intelectuales cristianos, musulmanes y judíos, y que alcanzó su mayor esplendor en tiempos de Alfonso X el Sabio. Figura destacada de la cultura fue asimismo el mallorquín del siglo XIII Raimundo Lulio (Ramón Llull).

Las dificultades del siglo XIV, plasmadas en los malos años de cultivos, las pestes y las guerras internas devastadoras, explican que la Reconquista cristiana quedara paralizada. En la Corona de Castilla fue importante la labor del monarca Alfonso XI, que aprobó el Ordenamiento de Alcalá (1348). Pero su sucesor, Pedro I, se enzarzó en una guerra fratricida con su hermano bastardo Enrique II el cual, tras su victoria, instauró la dinastía Trastámara en Castilla. Años más tarde el intento de fusión con Portugal fracasó al ser derrotado Juan I en Aljubarrota (1385). Por su parte la Corona de Aragón se proyectó, política y comercialmente, hacia el Mediterráneo. Los principales hitos de esta expansión fueron el dominio de Sicilia y la incorporación de Cerdeña, sin olvidar las hazañas protagonizadas por los almogávares en el Mediterráneo oriental. El principal monarca aragonés del siglo XIV fue Pedro IV, que incorporó definitivamente a la corona el reino de Mallorca.

En el siglo XV la Corona de Castilla se recuperó de la depresión de los dos siglos anteriores. Hubo un activo comercio de exportación en la zona cantábrica, básicamente de lanas con destino a Flandes. También la zona de Sevilla, animada por los hombres de negocios genoveses, gozaba de un gran dinamismo económico. En ese siglo alcanzaron fama internacional las ferias de Medina del Campo. En la Corona de Aragón, por el contrario, el siglo XV fue negativo, sobre todo en el ámbito del comercio mediterráneo. También Cataluña vivió en el siglo XV una profunda depresión. En el terreno político hubo en Castilla en este siglo frecuentes luchas internas, tanto en el reinado de Juan II, que tuvo como valido a Álvaro de Luna, como en el de Enrique IV; pese a todo, el poder real se fortaleció en Castilla. En la Corona de Aragón el trono, que había quedado vacante, pasó tras el Compromiso de Caspe (1412) a Fernando de Antequera, perteneciente a la familia Trastámara. Su sucesor, Alfonso V, conquistó Nápoles y fue un gran protector del humanismo. Juan II, que con anterioridad había sido rey de Navarra, hubo de hacer frente a la sublevación de Cataluña.

Los siglos finales de la edad media conocieron importantes tensiones sociales, provocadas por la expansión señorial y por la incidencia de la crisis económica. Los conflictos más graves fueron la sublevación de los payeses de remensa en Cataluña, y la segunda Guerra Irmandiña en Galicia, ambos desarrollados en la segunda mitad del siglo XV. Por otra parte, se quebró en esa época la convivencia entre cristianos y judíos; en 1391 las matanzas de hebreos, iniciadas en Sevilla pero rápidamente propagadas al resto de la península Ibérica, provocaron la conversión masiva de numerosos judíos. Así las cosas, en el siglo XV se planteó, particularmente en la Corona de Castilla, un grave problema, el de los conversos o cristianos nuevos. Desde el punto de vista religioso, no dejó de tener su efecto negativo en los reinos cristianos de la península el cisma de la Iglesia católica, que estalló en 1378. Al mismo tiempo progresaba la religiosidad popular y triunfaban los predicadores de masas, como el dominico Vicente Ferrer. Por lo demás en la Iglesia hispana se dejaba sentir la necesidad de una reforma religiosa que fuera capaz de poner fin a los abusos y a la inmoralidad.

El reino de Navarra rompió en el siglo XIV la supeditación que había tenido con respecto a Francia. Carlos III, que reinó entre los siglos XIV y XV, fue uno de sus monarcas más brillantes. Pero en el siglo XV aquel reino fue testigo de un conflicto desgarrador entre el rey Juan II y su hijo Carlos, príncipe de Viana. Por su parte el reino Nazarí de Granada, último vestigio islámico en la península, fue en los siglos XIV y XV un hervidero de intrigas palaciegas, que no lograba ocultar la magnificencia del palacio de la Alhambra.

Época moderna

Puede considerarse que la historia moderna de España comenzó con el reinado de los Reyes Católicos (1474-1516), en cuyo periodo se avanzó de forma decisiva hacia la integración, bajo un único soberano, de los diversos reinos y territorios en que se había dividido la vieja Hispania romana.

El matrimonio de Isabel y Fernando supuso la vinculación de las Coronas de Castilla y de Aragón, cada una de las cuales estaba integrada por un grupo de reinos. La Corona de Aragón comprendía los de Aragón, Valencia y Mallorca, además del principado de Cataluña y de los reinos de Sicilia y Cerdeña, en el sur de Italia. La Corona de Castilla abarcaba la mayor parte de la península Ibérica, a excepción de los territorios aragoneses, Navarra, Portugal y el reino de Granada; sus diversos reinos (fruto de la progresiva incorporación de territorios durante la Reconquista al núcleo inicial del reino astur) se diferenciaban de los de la Corona de Aragón en que no mantenían leyes, instituciones, monedas u otros elementos privativos, sino que se integraban en un conjunto único. Eran reinos exclusivamente sobre el papel; sólo las provincias vascas tenían una vinculación particular con la Corona, en virtud de la cual mantenían una serie de leyes propias y privilegios.

Con los Reyes Católicos no se produjo una unión de las Coronas de Castilla y Aragón. De acuerdo con el modelo ya existente en esta última, cada una de ellas mantuvo sus leyes, instituciones y monedas, y continuaron las aduanas en las zonas limítrofes. Sin embargo, ambos reyes intervinieron, en distinta medida, en la gobernación castellana o aragonesa, y —lo que es más importante— en el futuro ambas coronas tendrán un mismo rey.

Pero el proceso hacia la integración del territorio peninsular bajo un único soberano va a ser mucho más amplio. Los Reyes Católicos conquistaron el reino de Granada (1492), y años después, muerta ya Isabel, Fernando incorporó el reino de Navarra (1512). Cuatro de los cinco reinos existentes en España a finales de la edad media pasaron a depender de un mismo soberano. Sólo faltaba Portugal, al que los reyes trataron de incorporar, sin éxito, por medio de matrimonios concertados. Fuera de la península Ibérica, las tropas castellanas conquistaron el reino de Nápoles (1504), así como una serie de plazas en el norte de África. Al propio tiempo, se incorporaron de forma efectiva las islas Canarias, y se inició, con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, el dominio de lo que será la América española. No se trataba sólo, por tanto, de la integración bajo un mismo rey de los territorios políticos de la Hispania romana; estaba surgiendo una gran potencia política mediterránea y atlántica, que en virtud de las vicisitudes sucesorias —y de la política matrimonial de los Reyes Católicos— pronto será también una potencia europea, cuando a la muerte de Fernando, la vasta herencia de Castilla y Aragón recaiga en Carlos I (1516-1556), heredero también, por línea paterna, de los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado, así como de los dominios patrimoniales de la Casa de Austria y del título imperial.

Apareció así la llamada Monarquía Hispánica, o de los Austrias, Estado supranacional formado por múltiples reinos y territorios cuyo único elemento de unión era la persona del monarca. La Monarquía Hispánica (siglos XVI y XVII) fue también llamada Monarquía Católica, en la medida en que la defensa de la ortodoxia católica frente a los protestantes se convirtió en una de sus principales razones de ser. Al igual que en la primitiva vinculación castellano-aragonesa, cada uno de sus reinos y territorios políticos integrantes mantendrá sus leyes, instituciones, monedas y tradiciones. Con Carlos I, el espacio territorial de la Monarquía Hispánica continuó creciendo, gracias a la incorporación del ducado de Milán y a la rápida conquista de América. Tras su muerte, Felipe II (1556-1598) no heredó ni los dominios de la Casa de Austria ni el título imperial, pero la expansión se completó con la incorporación de territorios como las guarniciones de Toscana, las islas Filipinas, y sobre todo, el reino de Portugal, con su extenso imperio ultramarino en África, Asia y América.

Los años finales del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI fueron un periodo decisivo en la expansión europea más allá del océano. La Corona de Castilla, junto con Portugal, fue la principal protagonista de tal proceso. A mediados del siglo XVI, la América española había alcanzado prácticamente sus límites máximos. En poco más de medio siglo, los conquistadores españoles lograron incorporar vastos territorios en el norte, centro y sur del continente americano. Los dos hechos más importantes fueron las rápidas conquistas de los Imperios azteca (Hernán Cortés, 1519-1521) e inca (Francisco Pizarro, 1531-1533). A partir de los restos de ambos, dos grandes virreinatos, el de Nueva España (México) y el del Perú, coronaban la organización administrativa de la América española.

La expansión y el predominio político que se inició con los Reyes Católicos no podría explicarse sólo por la habilidad política, las combinaciones matrimoniales o la fortuna. A comienzos del siglo XVI, la Corona de Castilla era uno de los espacios más vitales de Europa. Su peso en el conjunto de España resultó decisivo, pues no sólo era más extensa que los otros territorios, sino que su población era mayor, en términos absolutos y relativos, y creció más que la de otros espacios peninsulares. A finales del siglo XVI —el momento sobre el que poseemos datos más fiables— la Corona de Castilla, sin el País Vasco, tenía unos 6.600.000 habitantes, de una población total para el conjunto de España de algo más de 8.000.000. La economía castellana era además la más próspera de la península; desde mediados del siglo XV, Castilla se encontraba en una fase expansiva, mientras que la economía de la Corona de Aragón (principalmente la de Cataluña) sufría un periodo de crisis y estancamiento, tras la prosperidad del siglo XIII.

El crecimiento demográfico de Castilla fue especialmente importante en el mundo urbano. Las ciudades más dinámicas eran las del interior, especialmente en los valles del Duero y del Guadalquivir. En aquél, aparte de Valladolid, que destacó por su importante papel político como sede preferente de la corte hasta mediados del siglo, vivieron momentos favorables ciudades como Burgos, sede principal del comercio castellano con el exterior; Segovia, núcleo esencial de la producción textil lanera; Medina del Campo, famosa por sus grandes ferias internacionales, o Salamanca, que albergaba la universidad más prestigiosa. En el sur, junto a grandes núcleos urbanos que vivían esencialmente de la agricultura, el monopolio comercial con América hizo crecer a Sevilla, la principal ciudad española del siglo XVI. En las últimas décadas de dicha centuria, el asentamiento de la corte motivaría el fuerte crecimiento de Madrid. A comienzos de los tiempos modernos, por tanto, las zonas más prósperas de la península se situaban no sólo en la Corona de Castilla, sino especialmente en el interior.

El carácter dinástico o personal, que determinaba la pertenencia a la monarquía de cada uno de los reinos y territorios integrantes de la misma, y la fuerte autonomía que conservaban, junto con la existencia de unas instancias superiores de gobierno en la corte, junto al rey, hicieron de la monarquía de los Austrias españoles una curiosa mezcla de autonomía y centralización. El poder del rey no era el mismo en todos los reinos y territorios, como tampoco eran similares el potencial demográfico y económico de los mismos. En estas condiciones, la riqueza y prosperidad castellana —incrementada posteriormente por la plata que provenía de América— junto al fuerte desarrollo del poder regio en la Corona de Castilla, la convirtieron, ya desde tiempos de los Reyes Católicos, en el vivero fundamental de los recursos humanos y materiales y en el centro de gravedad de la monarquía. Ello tuvo claras ventajas para los grupos dirigentes castellanos: la alta nobleza, los miembros destacados del clero o los letrados disfrutaron de los principales cargos de la monarquía, hasta el punto de provocar recelos en otros territorios. Sin embargo, para el pueblo llano, que pagaba los impuestos, la realidad imperial de la monarquía de los Austrias no supuso sino una creciente fiscalidad y el envío de muchos de sus hombres para abastecer los ejércitos. El sometimiento de Castilla a la política imperial de los Austrias fue aún mayor tras el fracaso de la revuelta de las Comunidades (1520-1521) —de carácter urbano y popular— contra la política del emperador Carlos I.

Durante buena parte del siglo XVI, los éxitos acompañaron la política internacional española, a pesar del fracaso relativo de Carlos V en el intento de impedir la expansión del protestantismo en Alemania. La defensa del Mediterráneo occidental resultó eficaz frente al peligro turco, que se redujo de hecho en las últimas décadas del siglo. Sin embargo, el gran cáncer de la Monarquía surgió en su seno con la rebelión de los Países Bajos, iniciada en 1566, y que habría de dar lugar a una guerra larga, costosa y agotadora, que duró, en conjunto, hasta mediados del siglo XVII, y en la que los rebeldes —las Provincias Unidas de Holanda— contaron frecuentemente con el apoyo de Francia e Inglaterra (ver Guerra de los Países Bajos).
En plena fase de expansión económica, las materias primas castellanas no se utilizaron para abastecer, de forma suficiente, la producción artesanal propia. La lana de los rebaños de la Mesta y el hierro vasco eran los dos principales artículos del comercio de exportación castellano. A cambio, numerosos productos manufacturados extranjeros invadieron el mercado interior, favorecidos por las facilidades aduaneras, la necesidad de abastecer el mercado americano, el crecimiento de los precios en Castilla, o el retraso técnico que pronto empezó a manifestarse. Castilla fue convirtiéndose en proveedora de materias primas y compradora de productos manufacturados, en claro perjuicio de su actividad industrial y sus posibilidades de crecimiento económico. La política no fue ajena a dicho proceso, pues el peso excesivo del gobierno hegemónico de los Austrias determinó una fuerte presión fiscal y un notable desgaste demográfico para mantener los ejércitos. Por otra parte, en una época en que el incremento de la producción iba necesariamente ligado al aumento de las superficies cultivadas, el crecimiento demográfico tenía un límite, que en el caso de Castilla, parecía haberse alcanzado hacia las décadas de 1570 y 1580.

Al menos desde la gran crisis epidémica de finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, el interior castellano sufrió una fuerte crisis demográfica y económica que acabó con su antigua prosperidad. Sus ciudades perdieron el papel que habían tenido en la economía y se despoblaron. La sociedad se polarizó y los exponentes de la incipiente burguesía, los sectores intermedios que protagonizaron la actividad manufacturera, mercantil y financiera del siglo anterior, desaparecieron. La obsesión por el ennoblecimiento y por vivir de las rentas agrarias sirvieron de base a una sociedad con fuertes diferencias entre los ricos y poderosos y la gran masa popular, empobrecida.

La crisis no afectó en la misma medida a la periferia, incluida la perteneciente a la Corona de Castilla. La mayor parte de las regiones del exterior peninsular mantuvieron su población, o incluso la aumentaron, a pesar de que algunas de ellas sufrieron fuertemente la incidencia de la peste. En la segunda mitad del siglo XVII, cuando la población y la economía del interior comenzaban a recuperarse, el centro de gravedad de la economía española se había desplazado, definitivamente, hacia la periferia. Durante el siglo XVIII la situación no cambiará, y a pesar de la buena coyuntura general, Cataluña, el Levante valenciano, Cádiz —centro del comercio con América— o las zonas costeras del País Vasco serán las regiones más prósperas, frente a un interior que recuperaba población, pero cuya economía tenía un cariz esencialmente agrario. Madrid, en el centro, era la gran excepción, como consecuencia de su papel político.

Al igual que en otras sociedades de la época, la intolerancia religiosa era un elemento fundamental. En 1492 fue expulsada de España la minoría judía; poco después, se obligó también a los musulmanes a convertirse o emigrar. En ambos casos, sin embargo, la extinción oficial del judaísmo y la religión islámica no acabó con el problema de las minorías, pues buena parte de los judíos y la gran mayoría de los musulmanes se convirtieron a la fe cristiana. Al problema judío le sucedió la cuestión de los conversos, cuya clave última estaba en el rechazo hacia las razas minoritarias. La Iglesia y la mayor parte de la sociedad sospechaban de la sinceridad de las conversiones; la Inquisición, que comenzó a actuar en 1480, fue esencialmente un tribunal contra los conversos de origen judío, al tiempo que, en la sociedad española, se extendía la diferenciación entre cristianos ‘viejos’ y ‘nuevos’, y la demostración de la ‘limpieza de la sangre’ —la inexistencia de antepasados judíos o musulmanes— se convertía en un requisito inexcusable para el acceso a las diversas instituciones administrativas.
A diferencia de los conversos de origen judío, diseminados entre la sociedad cristiana vieja y obsesionados por ocultar sus antecedentes, los antiguos musulmanes, llamados moriscos, al vivir agrupados en determinadas zonas de la península, hacían gala de su religión y sus costumbres y eran claramente reacios a la religión y la cultura cristianas. Mientras los conversos de origen judío vivían preferentemente en las ciudades y trataban de integrarse en la sociedad, con frecuencia en posiciones de cierta relevancia, los moriscos eran campesinos de escasa formación cultural, por lo que durante buena parte del siglo XVI se los consideró menos peligrosos. Sin embargo, la revuelta de las Alpujarras, en 1568, determinó la desarticulación del núcleo granadino, diseminado por la Corona de Castilla, e incrementó la intolerancia hacia ellos. A comienzos del siglo XVII, los moriscos —unas 300.000 personas— fueron expulsados de España. En los reinos de Valencia y Aragón, los más afectados, los expulsados suponían, respectivamente, en torno al 30% y al 25% de la población.
El reinado de Felipe IV vivió una de las coyunturas bélicas más intensas de la historia de la Monarquía Hispánica, que acabó por arruinar la economía y la hacienda de Castilla, y que pesó también gravemente sobre otros territorios, en particular el reino de Nápoles. Las repercusiones económicas y sociales de tal esfuerzo, junto a otros factores, como el descontento y las tensiones constitucionales provocadas por los intentos del conde-duque de Olivares de repartir las cargas de la política imperial de la monarquía, para aliviar el peso que soportaba la Corona de Castilla, provocaron una grave crisis interna, cuyas manifestaciones más importantes fueron las revueltas de Cataluña y Portugal, iniciadas ambas en 1640. Tales acontecimientos fueron la antesala de la derrota de la monarquía frente a los holandeses, sancionada por la Paz de Westfalia (1648) y frente a Francia por la Paz de los Pirineos (1659). Unos años después, en 1668, Portugal vio reconocida su independencia.

A pesar de las derrotas de mediados del siglo XVII, durante las últimas décadas de este siglo, la monarquía supo conservar la casi totalidad de sus dominios, gracias, en buena parte, a la habilidad diplomática que la llevó a aliarse con sus anteriores enemigos, Inglaterra y Holanda, frente al expansionismo amenazador de la Francia de Luis XIV. Precisamente, la obsesión por mantener íntegra la herencia recibida de sus antepasados fue uno de los elementos decisivos que llevaron a Carlos II, carente de sucesión, a nombrar heredero al duque de Anjou, nieto del rey francés, que, con el nombre de Felipe V, introduciría en España la dinastía de Borbón (1700).

La existencia de otro pretendiente, el archiduque de Austria, Carlos de Habsburgo, vinculado también a los monarcas españoles por reiterados lazos familiares, junto al temor que inspiraba el poder de Luis XIV, fuertemente incrementado por la herencia de su nieto, provocaron la llamada guerra de Sucesión, que no fue sólo un conflicto europeo generalizado, sino que en España tuvo características de guerra civil, enfrentando a los leales a Felipe V con los partidarios del archiduque austriaco, especialmente numerosos en la Corona de Aragón.
El desenlace internacional de la guerra, en 1713, supuso el fin de la Monarquía Hispánica, pues sus dominios europeos pasaron a manos de los rivales del bando borbónico, en beneficio sobre todo de Austria. En España, la conclusión de la guerra en 1715 reafirmó en el trono a Felipe V, quien, en castigo por el apoyo a su rival, suprimió las instituciones y leyes particulares de los reinos y territorios de la Corona de Aragón. El poder político, en la España del siglo XVIII se organizó, así, de forma centralista, siguiendo el modelo francés. Sólo Navarra y las provincias vascas, leales a Felipe V durante la guerra, mantuvieron sus instituciones y leyes.

El siglo XVIII fue en general un periodo de recuperación demográfica y económica, favorecida por las medidas reformistas, especialmente intensas durante los reinados de Fernando VI, y sobre todo, de Carlos III. A finales de la centuria, la población total española podía estar entre los 10.700.000 y los 11.300.000 habitantes. Apoyada en su imperio ultramarino, la España de este siglo fue una potencia importante en la política europea, si bien su política exterior careció de la grandeza de tiempos pasados y estuvo casi siempre demasiado vinculada a Francia. El influjo de la Ilustración —y el paso del tiempo— redujo considerablemente la importancia de la Inquisición, que a finales del siglo había dirigido su actividad a la persecución de las nuevas ideas ilustradas, procedentes principalmente de Francia, y a la censura de libros (la persecución contra judíos y musulmanes —o conversos— se había reducido, fundamentalmente porque su número era ya muy escaso). Pese a los signos de crisis detectados durante el reinado de Carlos IV, la invasión napoleónica de 1808 vino a truncar la evolución positiva de la España del siglo XVIII (ver Guerras Napoleónicas).

Época contemporánea

El discurrir histórico de la España contemporánea dibujó una entrecortada senda debido a que el afianzamiento del nuevo orden liberal, a partir del segundo tercio del siglo XIX, chocó con múltiples resistencias emanadas de distintos flancos (carlismo, poderes fácticos, viejos estamentos privilegiados). Las manifiestas interferencias entre los poderes civil, militar y religioso se traducen a lo largo de dicha centuria en una cadena de desencuentros y tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado (proceso desamortizador), unidos a intermitentes pronunciamientos militares de matiz conservador o progresista, artífices de los relevos gubernamentales y los sucesivos vaivenes constitucionales. Fracasada la experiencia democrática del Sexenio Democrático, tan esperanzadora como meteórica (1868-1874), el régimen oligárquico de la Restauración introdujo a España en el umbral del siglo XX sin consolidar el ensayado bipartidismo ni asentar un sistema de partidos garante de la reclamada estabilidad en la vida pública.

La falta de una correcta ubicación institucional, a estas alturas de la contemporaneidad, junto a los llamativos reveses extrapeninsulares cosechados en las últimas décadas (el desastre colonial de 1898, Annual y otros sonados fracasos en la guerra de Marruecos), provocaron una paulatina militarización de la monarquía de Alfonso XIII hasta desembocar en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El pretorianismo militar patente en la nueva centuria, arrumbado el régimen democrático republicano mediante una cruenta Guerra Civil (1936-1939), alcanzó sus máximas cotas de protagonismo con el caudillaje del general Franco, persistente por espacio de cuatro décadas hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975.
A partir de entonces, merced a un atípico proceso de autoinmolación parlamentaria, las viejas Cortes franquistas de inspiración corporativa otorgaron vía libre al proyecto de reforma política, principal ariete de la transición pacífica a la monarquía de Juan Carlos I. Superadas con esfuerzo algunas asignaturas pendientes (desajustes de orden político y socioeconómico), la España de 1996, un país con 39 millones de habitantes al haber cuadruplicado su población durante estos dos siglos, pese a la tardía revolución demográfica, disfruta desde hace veinte años de una probada solvencia democrática.

Crisis del Antiguo Régimen y nacimiento constitucional (1808-1833)

Los sucesos revolucionarios acaecidos en 1789 (ver Revolución Francesa) al otro lado de los Pirineos, asustaron a los dirigentes españoles y provocaron un vuelco en la trayectoria reformista borbónica, empeñada en modernizar el país y acercarlo a Europa después de años de introspección y obligado repliegue. El motín de Aranjuez y las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII (llamado ‘El Deseado’) en Bayona a favor de Napoleón Bonaparte sumieron al país en una profunda crisis dinástica, a la vez que las tropas francesas, al amparo del Tratado de Fontainebleau, invadían la península con la excusa de un supuesto avance hacia Portugal. En medio de tanta confusión y vacío de poder, apenas una minoría sabrá aprovechar la delicadeza del momento para, en lugar de reclamar el retorno de ‘El Deseado’, acabar con el viejo orden y dar una réplica constitucional al Estatuto de Bayona, la carta otorgada jurada por José I en julio de 1808.
La etapa comprendida entre 1808 y 1814, marco cronológico de la guerra de la Independencia contra Francia y arranque convencional de la contemporaneidad española, se caracteriza por su permanente inestabilidad y los desequilibrios internos derivados del conflicto bélico y del poder bicéfalo existente en la península: por un lado, la solución oficial napoleónica que desde la aludida legitimidad coloca a José Bonaparte, hermano de Napoleón, en el trono de España, y por otro, el movimiento de las Juntas de resistencia aclamado por el pueblo y expandido por el reino hasta su consumación en las Cortes de Cádiz, símbolo de la resistencia nacional. Allí se irá fraguando, a partir de 1810, una importante reforma política, cuyo fruto más granado fue la Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, primera en la historia de España y una de las primeras del mundo. Ante la sorpresa de muchos, este renqueante país mediterráneo, típico representante del Antiguo Régimen, se convirtió de la noche a la mañana en abanderado del liberalismo constitucional, con innegable proyección exterior, sobre todo en la órbita americana.

El retorno de Fernando VII en 1814 truncó las ilusiones reformistas dando paso a un anodino reinado que se prolongó hasta 1833, caracterizado por la recuperación del más puro absolutismo, salvo el pequeño inciso correspondiente al Trienio Liberal (1820-1823). La histórica frase pronunciada por Fernando VII tras el levantamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), “marchemos todos francamente y yo el primero por la senda constitucional”, pronto se demuestra incompatible con sus verdaderas intenciones. La ayuda de la Europa reaccionaria, materializada en el envío de tropas francesas al mando del duque de Angulema durante la primavera de 1823 (los denominados Cien Mil Hijos de San Luis), puso punto final a esta experiencia constitucional y cedió el paso hasta 1833 a la ‘Década Ominosa’, según el calificativo acuñado por la historiografía liberal. En el camino quedan las tristemente célebres depuraciones (‘purificaciones’), un ejemplo de la represión ejercida con los liberales —también en su momento con los afrancesados—, muchos de los cuales inauguraron un zigzagueante exilio político, convertido luego en una práctica recurrente de la España contemporánea.
El reinado fernandino, marcado por el desgaste personal de continuos desfiles ministeriales y la ausencia de alternativas en la resolución de los agobios presupuestarios, tuvo en la mediocridad su nota más destacada. La progresiva emancipación de las colonias americanas, aprovechando la flagrante debilidad de la metrópoli, contribuyó con la pérdida de mercados y descapitalización estatal, a desgastar la imagen de una España sin timón y en total bancarrota. Prueba de ello es que, al cierre de este primer tercio del siglo XIX, del viejo imperio ultramarino apenas restan Cuba y Filipinas, en vías de segregación. De ahí que no resulte extraño el colofón de tan irresoluto mandato: una compleja crisis sucesoria, delicada herencia que recibió el pueblo español a la muerte del rey, en septiembre de 1833, causante de tres guerras civiles entre carlistas y liberales a lo largo de la centuria decimonónica.

El contencioso entre los partidarios de Isabel II, hija de la regente María Cristina de Borbón y heredera del trono por la Pragmática Sanción de Fernando VII, derogatoria de la Ley Sálica, y los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del monarca y presunto sucesor a la corona hasta las postrimerías del reinado, originaron las Guerras Carlistas, conjunto de conflictos que superan con mucho la sencillez interpretativa de un mero conflicto dinástico. Bajo este enfrentamiento de alcance mayoritariamente catalán y vasco se esconden, entre otros complejos ingredientes de guerra de religión, guerra de guerrillas y defensa foralista de privilegios locales, dos maneras contrapuestas de entender el presente y el porvenir: la del campesinado y su entorno agrario, frente a la celeridad del mundo urbano; la bandera de la descentralización del viejo régimen, en lugar del liberalismo económico en ciernes; la pervivencia de rancios valores y tradiciones, en contraposición a la secularización homogeneizadora del régimen burgués. Con negros presagios inició su andadura el régimen liberal.
8.5.2 Consolidación del nuevo orden liberal (1833-1874)
El reinado de Isabel II abarca el segundo tercio del siglo XIX, desde 1833 hasta la revolución de 1868, que obliga a la reina a salir del país en pos de una ‘España con honra’. Previamente, se estableció una etapa de minoridad y regencia de María Cristina y del general Baldomero Fernández Espartero, clausurada en 1843 al proclamarse oficialmente la mayoría de edad de la heredera del trono con apenas 13 años. Las notas más sobresalientes del legado político isabelino fueron el desmantelamiento de los fundamentos económicos y jurídicos del Antiguo Régimen, perfilado por los partidarios de la Constitución de 1812 o doceañistas (disolución del régimen señorial, desvinculaciones y proceso de desamortización), y la puesta en marcha de una revolución burguesa imperfecta, pero que provoca cambios cualitativos en la organización social (sociedad clasista) y política (constitucionalismo), las relaciones de producción (economía capitalista), y las estructuras mentales (utilitarismo y mentalidad burguesa entusiasta de la propiedad y el ahorro).
Comprobada la tibieza del Estatuto Real de 1834, la última Carta Otorgada de la monarquía española por la que la regente, en plena Guerra Carlista, decide desprenderse de algunas atribuciones, sucesivos textos constitucionales de talante moderado (Constitución de 1845) o progresista (Constitución de 1856), fijaron las reglas del juego político de esta etapa. Todos ellos coincidían en limitar el voto a los varones que reunieran determinados requisitos económicos o sociales (sufragio censitario), sin aceptar la participación popular en la vida pública ni resistirse a volcar en el articulado constitucional sus ideologías y programas políticos; de ahí la escasa vigencia y trasiego de estas normas fundamentales, al arbitrio de coyunturas políticas. Los roces entre los poderes militar y civil en la España isabelina fueron permanentes, con implicaciones de carácter personal y liderazgo político de insignes militares al frente de los principales partidos (Leopoldo O’Donnell, Ramón María Narváez, Baldomero Fernández Espartero), al igual que el contexto bélico y la sobreactuación del Ejército se convirtieron en componentes habituales del paisaje peninsular. Algo parecido ocurrió con la Iglesia, aferrada desde tiempos inmemoriales a sus amortizados patrimonios y privilegios (manos muertas), y cuyo pulso con el Estado a raíz de la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal acabará en amistosa reconciliación plasmada en el Concordato de 1851, vigente hasta el franquismo.

Si exceptuamos el Bienio Progresista (1854-1856) y algunos tramos del periodo subsiguiente de gobierno de la Unión Liberal, el moderantismo es la ideología dominante en la monarquía isabelina, que encontró en la emblemática Década Moderada (1844-1854) sus más duraderas realizaciones. Sirvan de muestra, al margen de la histórica creación de la Guardia Civil, la centralización administrativa y jerarquización burocrática acometidas durante dicho periodo, de probada eficacia en connivencia con las oligarquías locales, y el centralismo asumido en la estructuración territorial del Estado, contrario al hecho diferencial y partidario del modelo uniforme. La confusión entre unidad y uniformidad fue un rasgo sustancial del liberalismo doctrinario decimonónico.

La sublevación gaditana desatada en septiembre de 1868, con el brigadier Juan Bautista Topete a la cabeza, en pocos días llevó al exilio a la reina en medio de una gran expectación e incertidumbre. Detrás de estos acontecimientos revolucionarios se vislumbraba la incidencia desarticuladora de la crisis financiera de la década de 1860, junto al desprestigio interno de un régimen favorecedor de las clases propietarias y el descrédito personal de la propia Isabel II. El mayor problema estribaba en que, bajo la Gloriosa (nombre con el que se conoce la revolución de 1868), se plantearon muy diferentes soluciones a los males de la patria. Mientras que el general Juan Prim, cerebro pensante del golpe militar y redactor del Manifiesto, defendía una monarquía democrática en la línea modernizadora occidental, para políticos de la talla del líder catalán Francisco Pi i Margall, la receta idónea era el republicanismo como nueva forma de gobierno. Similar divorcio interpretativo se detectaba entre la tendencia reaccionaria de las guarniciones militares más significativas, monárquicas pero no isabelinas, y la opinión mayoritaria de la población civil, que exigía transgredir ésta y otras barreras seculares.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) presentó una cambiante morfología política, como acreditaron sus variados sistemas políticos: regencia de Francisco Serrano, monarquía democrática de Amadeo de Saboya y I República de tinte federal, unitario y presidencialista. Ahora bien, estas céleres transformaciones resultaban en buena medida superficiales, por cuanto pervivían hipotecas y numerosos rasgos de continuidad con la etapa anterior (aparato estatal, entramado socioeconómico), que explican a la postre el fracaso de este primer intento por consolidar un Estado democrático y de derecho en España. Ése era el objetivo de la Constitución de 1869, la primera en proclamar el sufragio universal masculino, la libertad de cultos pública y privada, y otros derechos fundamentales como los de reunión y asociación, claves para la formación del incipiente movimiento obrero en su vertiente política y sindical.

La renuncia irrevocable al trono de Amadeo I en febrero de 1873 supuso, en plena combustión política y con fundadas dudas sobre su legalidad constitucional, la paradoja histórica de que unas Cortes mayoritariamente monárquicas votaran, en un alarde de pragmatismo, la instauración de un régimen republicano. La meteórica experiencia de la I República, cuyo advenimiento transaccional provino de una negociación política, no consiguió traducir sus propuestas en una estabilidad parlamentaria, ni afianzar la España progresista soñada por una generación incapaz de traspasar el umbral de una revolución teórica. Por el contrario, la radicalización y el mesianismo revolucionario que ahogaron la fórmula federal contenida en el proyecto constitucional, cristalizaron en la revolución cantonal, un cóctel de frustraciones de índole regional, social y política. Las tropas del general Pavía dentro de las Cortes, en enero de 1874, se encargaron de poner el broche final a esta fugaz experiencia, a la vez que el pronunciamiento golpista del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto (Valencia) unos meses después, disipó toda duda sobre el futuro próximo. Así se cierra esta página de la historia de España, donde la clase obrera comprendió que la burguesía nunca haría su revolución, y el regionalismo probó el sabor amargo tanto del centralismo como de la atomización cantonal.

El régimen oligárquico de la Restauración (1875-1923)

De la mano de Antonio Cánovas del Castillo, España retornó en 1875 a la forma de gobierno tradicional y a la dinastía borbónica con la figura de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Liquidada la tercera Guerra Carlista y obtenido el beneplácito internacional para la opción restauradora, las preocupaciones de los nuevos gobernantes se centraron en olvidar las turbulencias del Sexenio Revolucionario y redactar un texto constitucional ajustado a las necesidades del momento.
La Constitución conservadora de junio de 1876, la más sólida del panorama nacional al mantenerse en vigor hasta el golpe militar de 1923, regulaba una monarquía limitada en la cual la Corona se reservaba amplias prerrogativas merced al control del poder ejecutivo (nombramiento y cese del gobierno) y de la vida parlamentaria (disolución de las Cámaras, sanción y promulgación de las leyes). La defensa de la soberanía conjunta (Rey-Cortes), de la que Cánovas era su principal valedor, sintonizaba con la reeditada confesionalidad del Estado, la imprecisión a la hora de regular los derechos ciudadanos, pendientes por tanto del desarrollo normativo posterior, y un sinfín de calculados silencios, que hacían de la ambigüedad la clave de su dilatada vigencia. El bipartidismo de inspiración británica con conservadores y liberales turnándose en el poder, encontró en Cánovas y en Práxedes Mateo Sagasta a los carismáticos dirigentes de este sistema oligárquico y caciquil, que funcionó con escrupulosa regularidad hasta el nuevo siglo. La desaparición de ambos líderes y el fraccionamiento de sus respectivos partidos, víctimas de ambiciones y luchas intestinas, dieron al traste con este viciado aunque eficaz diseño político.

El aislamiento internacional de España durante la centuria decimonónica, absorta en la resolución de sus problemas domésticos, determinó en estos años canovistas una política exterior pragmática, ecléctica y refinadamente pesimista (“no tienen alianzas los que quieren, sino los que pueden”, en palabras del líder conservador). El recogimiento exterior resultaba forzoso para este atípico Estado colonialista, confiado en sus derechos históricos y carente en sus posesiones ultramarinas de la imprescindible presencia militar y fuerza efectiva, como pronto tuvo ocasión de comprobar.
El 98 español se inscribe dentro de la redistribución colonial internacional motivada por la expansión imperialista, con notas peculiares pues se trataba de una guerra con Estados Unidos (ver Guerra Hispano-estadounidense) cuyo epicentro estaba en Cuba, ante la que se inhibieron las potencias occidentales. La pérdida de los restos del viejo imperio de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), no exenta de enajenaciones y transferencias respecto a las islas Palau, Marianas y Carolinas en la lejana Micronesia, sumió al pueblo español en una profunda crisis al haberse planteado el resultado como una disyuntiva entre la victoria o el deshonor patrio. De ahí que este 98, el ‘Desastre’ por antonomasia, sea el único no aceptado del cúmulo de reveses que sufrieron en idéntica fecha países como Portugal o Francia, significativos de la potencialidad de los nuevos colosos internacionales y del eclipse latino.
El impacto de esta liquidación colonial en la sociedad española, al margen de las secuelas económicas derivadas de la supresión de mercados y el reajuste hacendístico, suscitó una profunda autocrítica sobre las causas y posibilidades de remedio de tantas flaquezas. El movimiento regeneracionista, que tuvo en Joaquín Costa a su figura más señera, mostró un talante positivo al esforzarse en adecuar la gobernación a lo gobernado y proponer, desde posiciones muy dispares, medidas para el saneamiento de España. Ahora bien, intramuros, los problemas estructurales resultaban difíciles de erradicar. En el terreno social, por el manifiesto fracaso del modelo armonizador propuesto para atajar el conflicto entre el capital y el trabajo, y en el plano ideológico, por el agotamiento del juego político de la Restauración; en definitiva, por el hundimiento de las principales señas de identidad del sistema.

Flanqueado el siglo XX, la subida al trono de Alfonso XIII en 1902 dio comienzo a un reinado donde iban a resultar fallidos los intentos de Antonio Maura y José Canalejas de desterrar el caciquismo y lograr la ansiada regeneración nacional. Acontecimientos como la Semana Trágica de 1909, que alió a los socialistas con los republicanos en contra del gobierno, o la interpretación de ataque frontal a la Iglesia y ruptura de relaciones con Roma a raíz de la Ley del Candado de 1910, evidenciaban la visceralidad con que todavía se abordaban algunos temas sin resolver y las aludidas interferencias de poderes, rasgo medular de la contemporaneidad española.
La coyuntura exterior, desde la gran guerra que desbarató la vida de los europeos, a los contratiempos marroquíes, cada vez más dolorosos para España, contribuyó a agravar el deterioro de la política nacional, con gabinetes de gestión y concentración que, a duras penas, capearon el temporal frente a una sociedad por momentos desencantada. La crisis de 1917, una compleja revolución militar, burguesa y proletaria que estuvo a punto de hacer saltar por los aires la monarquía alfonsina, concluyó con la cesión del poder civil ante las imposiciones militares. Las presiones de las Juntas de Defensa sobre un ejecutivo impotente, acarrearon una imparable militarización de la vida pública, agudizada por sucesos como el desastre de Annual de 1921. En medio del descontento generalizado, el desgaste de la Corona y la falta de credibilidad de las instituciones abrieron de nuevo la puerta a los golpistas ante la claudicación vergonzante del poder civil.

8.5.4 El pretorianismo del siglo XX: la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Frente a la interpretación tradicional del periodo comprendido entre 1923 y 1930 como un paréntesis en la historia de España, acogiéndose a las propias palabras del dictador, recientes investigaciones apuntan a que la balsa de aceite y el adormecimiento sólo constituían mera apariencia. La “letra a noventa días” con que Miguel Primo de Rivera se presentó al país, dispuesto en tan breve plazo de tiempo a restablecer el orden público y abandonar de inmediato la escena política, poco tenía que ver con la realidad. Se produjo, por el contrario, un sexenio de férreo control gubernamental, en el que se consumó el hundimiento definitivo de los viejos partidos dinásticos de la Restauración y fracasaron estrepitosamente los conatos reformistas de impronta monárquica (maurismo, mellismo).

La singular figura del capitán general de Cataluña, que accedió al poder manu militari cuando muchos creían que los pronunciamientos eran agua pasada, resultó controvertida y, salvo la fidelidad irreductible de Eduardo Aunós, la mayoría de sus biógrafos rechazan la imagen regeneracionista de ‘cirujano de hierro’ y salvador de España. Su escasa formación intelectual y demagogia popular quedaron patentes desde un principio, como denota el célebre ‘Manifiesto’ fechado el 12 de septiembre de 1923, inicio programático tanto de su pintoresca literatura como de su trayectoria al frente de los destinos de España. La anuencia regia al golpe, otorgó vía libre al primer gobierno exclusivamente militar de la historia de España, una experiencia que se prolongó hasta finales de 1925 y centró su mensaje en la recuperación del orden público y la firma de la paz exterior, aunque para ello se exigió un alto precio (disolución de las Cortes, suspensión del texto constitucional, proscripción del comunismo y el anarquismo, rechazo de la vieja política, la lucha de clases y el regionalismo, entre otras agresiones).

La victoria española en suelo marroquí tras el desembarco de Alhucemas, entre aplausos caseros e internacionales animó a clausurar el Directorio militar y sustituirlo por otro civil, extensible hasta la aceptación alfonsina de la dimisión del general en enero de 1930. De momento, lejos de retirarse en consonancia con la argüida provisionalidad, Primo de Rivera se afanó por institucionalizar el régimen dotándolo de tres pilares básicos: un partido político, amparado por el ejecutivo y beneficiario del aparato del Estado (la Unión Patriótica), unas Cortes incondicionales de matiz no decisorio (Asamblea Nacional Consultiva), y un tardío y deslavazado borrador constitucional de signo ultraconservador (proyecto de 1929). Durante este Directorio civil, personalidades como el mencionado Aunós o José Calvo Sotelo, responsables de los Ministerios de Trabajo y Hacienda, practicaron una política social corporativa para la que obtuvieron colaboración socialista en su dimensión política y sindical, y una política económica de signo intervencionista, censurada por desaprovechar estos años de coyuntura alcista. Con todo, algunas realizaciones novedosas, como la creación del monopolio fiscal de Campsa en contra del parecer de poderosos grupos de presión, resultaron más rentables a las arcas del Estado que las estimaciones de partida medianamente optimistas.

La inoperancia de unas instituciones prefabricadas, el descontento de cualificados sectores financieros que veían tambalear sus prerrogativas, la oposición estudiantil, y las discordias en la institución militar con motivo del conflicto artillero y la implantación del ascenso por designación en detrimento de la antigüedad, sumieron al régimen en el más absoluto desconcierto. La caída del dictador pronto arrastrará al rey y a la propia monarquía, herida de muerte por la aceptación en su día del levantamiento golpista y por su estrecha complicidad con un orden de talante autoritario y pseudodemocrático.
 

La II República y la Guerra Civil (1931-1939)

Los quince meses que transcurrieron entre enero de 1930 y abril de 1931, fecha de nacimiento de la II República, evidencian la ineficacia de los gobiernos de parcheo del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar, incapaces de apuntalar la militarizada monarquía. En medio de crecientes críticas al régimen y a su cabeza visible, Alfonso XIII, el ensamblaje de fuerzas de la oposición gestado en el famoso Pacto de San Sebastián, junto al desgaste de imagen dentro y fuera de España motivado por desafortunados sucesos como los de Jaca y Cuatro Vientos, acabaron por descomponer el endeble panorama peninsular.

Así se comprende cómo unas simples elecciones municipales convocadas para el 12 de abril, desvirtuaron su sentido para convertirse en un auténtico plebiscito a favor o en contra de la monarquía alfonsina. El triunfo de las candidaturas republicanas en los principales núcleos de decisión (las ciudades) provocó la inminente expatriación del monarca y la proclamación ilusionada de la II República, sin ruido de sables ni derramamiento de sangre. Este advenimiento pacífico, al igual que la experiencia similar decimonónica, se contrapone a su cruento final marcado por tres años de enfrentamiento civil, el elevado precio del derribo de la legalidad republicana (la “muerte noble”, a que alude Edward Malefakis en comparación con sus homónimas europeas).

Dentro del periodo que comprende la clasificación convencional en dos epígrafes de contrastado signo (Bienio Reformista y Bienio Restaurador), más un agitado semestre frentepopulista que desembocaría en la guerra, descuella la etapa republicano-socialista de 1931 a 1933, empeñada en la ardua tarea de modernizar España. En este compromiso reformador se inserta la Constitución democrática aprobada en diciembre de 1931, un texto representativo de los avances jurídicos del momento, con especial sensibilidad hacia la cuestión social y los derechos de los ciudadanos, regulados de manera pormenorizada frente al laconismo habitual.

La reforma militar acometida por Manuel Azaña, tendente a racionalizar un Ejército anticuado e hipertrofiado; la controvertida reforma religiosa, ideada con la pretensión de regular al fin las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero desde un apasionamiento anticlerical que confundía el laicismo con el cobro de facturas pendientes; la novedosa apuesta en la estructuración territorial por el Estado integral y autonómico, comprobadas las fisuras del centralismo y de la solución federal; o los conatos parciales de reforma agraria, un retoque superficial a la desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra, son algunos ejemplos reseñables de la aludida vocación reformista y de las contradicciones inherentes a una “República democrática de trabajadores de toda clase”, como la bautizaron entre Francisco Largo Caballero y Niceto Alcalá Zamora.
La rebelión militar de julio de 1936 extendida desde Marruecos a la península, fruto de una conspiración en la que participaron José Sanjurjo, Emilio Mola, Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano, Galarza y otros oficiales, supuso el estallido de una Guerra Civil más larga de lo imaginado por los insurrectos, desbordados ante el cariz del choque bélico. La resistencia republicana, especialmente férrea en Madrid, Cataluña, Levante y algunos puntos del norte peninsular, trastocó los cálculos iniciales y obligó a los sublevados a cambiar el guión y convertir un clásico pronunciamiento en lo que ellos denominaron “cruzada del Glorioso Alzamiento Nacional, orientada a la reconstrucción espiritual de España frente a las hordas marxistas”.

La sociedad civil de ambos bandos sufrió los rigores de una guerra incomprendida, que los dividió en dos frentes irreconciliables. La desarticulación de la España republicana promovió ensayos de revolución social y política, al amparo de la socialización de los medios de producción, las colectivizaciones agrarias y el control obrero de la industria y la gestión de los servicios básicos. Por su parte, en el lado opuesto, la construcción del nuevo Estado, una simbiosis político-religiosa de difícil catalogación, ocupó los desvelos de la Junta de Defensa Nacional y de Franco en concreto, a quien disposiciones de 1938 y 1939 (30 de enero y 8 de agosto, respectivamente) designaron jefe del Estado, del gobierno, del partido único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y de las Fuerzas Armadas, con carácter vitalicio. La ayuda germana e italiana a las tropas franquistas, más importante que la soviética obtenida por Juan Negrín (en 1936 ministro de Finanzas del gobierno presidido por Largo Caballero) ante la negativa oficial a intervenir en la contienda de británicos y franceses —al margen de los miembros de las Brigadas Internacionales—, fue determinante de cara al resultado final del conflicto.
La victoria franquista, anunciada con solemnidad el 1 de abril de 1939, más que la paz inició una dura posguerra en un país arrasado y con un elevado balance de pérdidas humanas y materiales. La regresión económica, a tono con la involución de la estructura de la población activa hacia el sector agrario, irá acompañada de una política represiva, difícil de cicatrizar en la sociedad española.

El franquismo (1939-1975)

Durante casi cuatro décadas, las que median entre 1939 y 1975, España vivió bajo las órdenes del general Francisco Franco, carismático vencedor de la Guerra Civil. El triángulo de sustentación del 18 de julio: Ejército, Falange e Iglesia, con su reparto de papeles coactivo, ideológico y legitimador, cimentó un régimen autoritario y paternalista, capaz de adaptar los ingredientes totalitarios al contexto hispano. El caudillaje plenipotenciario de Franco condicionó por completo este diseño personal, al que se fueron añadiendo ciertas dosis de flexibilidad, a medida que la política internacional evolucionaba hacia una mayor tolerancia y posiciones antifascistas.
Bajo la coartada de la ‘democracia orgánica’ y en una clara operación de maquillaje, se fue fraguando la lenta institucionalización del régimen, que se dilató desde 1938 (fecha de aprobación del Fuero del Trabajo) hasta enero de 1967 cuando ve la luz la Ley Orgánica del Estado, ratificadora de su envoltura arcaica, confesional y carente de partidos políticos. En el trayecto quedan otras cinco Leyes Fundamentales, de rango similar y carácter dogmático u orgánico, con las que se pretende completar la ‘Constitución fragmentada’ del franquismo, si aceptamos el eufemismo al uso (Ley Constitutiva de las Cortes Españolas de 1942, Fuero de los Españoles y Ley del Referéndum Nacional de 1945, Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, de mayo de 1958, delimitadora de una monarquía tradicional, católica y social).
El desarrollo interno del franquismo admite una relajada disección al coincidir prácticamente sus hitos referenciales con los indicadores sociales, políticos y económicos que marcan el tránsito de una década a otra. Mientras los años de la década de 1940 se caracterizaron por la introspección y la autarquía, imprescindibles para alcanzar la pretendida autosuficiencia económica, prorrogada tras finalizar la II Guerra Mundial por desentendimiento con los vencedores, la década bisagra de 1950 presentó connotaciones muy diferentes. Tras el aislamiento exterior y la mal disimulada neutralidad y no beligerancia, en estos años centrales del siglo XX se consuma la inserción internacional y el afianzamiento peninsular del régimen, merced a la firma en 1953 de pactos económicos y militares con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, coetáneos en el ámbito interior al Plan de Estabilización y los primeros sondeos planificadores de la sociedad del bienestar.
La década de 1960, tan impactante en todo el mundo, significó para España la consecución de un desarrollo económico sin precedentes, no exento de desequilibrios sectoriales y regionales, así como un giro tecnocrático en la vida política, que mostró síntomas de apertura y adaptación. Las migraciones de uno y otro signo que surcaron la geografía nacional con sus secuelas demográficas y especulativas, las transformaciones socioeconómicas y las consignas del exterior impulsaron, con el beneplácito de la nueva clase dirigente, el adiós al anquilosamiento político. Al igual que había sucedido en 1956, pero con mayor intensidad y carga ideológica, la agitación estudiantil y la conflictividad obrera patentizaban, desde otro ángulo de análisis, la necesidad de cambios profundos.
La confluencia en la década de 1970 de factores negativos para el régimen de muy variopinta procedencia (crisis energética, huelgas y oposición antifranquista, terrorismo, problemas saharianos), acabó por descomponer un orden obsesionado con su permanencia. La larga agonía del general Franco, fallecido en noviembre de 1975, simbolizó el agotamiento del sistema, mientras el pueblo se interrogaba sobre la capacidad de supervivencia del franquismo sin su principal hacedor.
8.5.7 La monarquía democrática de Juan Carlos I (1975- )
Muerto Franco y ante la sorpresa internacional, España experimentó el tránsito, atípico en la forma y en el fondo, de un régimen autoritario a una monarquía democrática desde la legalidad corporativa franquista. Autodisueltas las viejas Cortes y encauzada por el monarca la nueva situación, comenzó su andadura la transición política, un largo y complejo periodo donde se conjugaron circunstancias favorables ni siquiera barajadas por sus protagonistas. Esta combinación de preparación y suerte, maquinación y casualidad permitió, precisamente desde el respeto a la legalidad, romper la legitimidad anterior y sacar adelante el complicado reajuste político.
La vía elegida para tal fin fue la reforma, en lugar de otras más radicales (ruptura, revolución), máxime al constatar la tupida red de intereses ligados al pasado régimen y los esfuerzos necesarios para materializar sin violencias la alentadora promesa de Juan Carlos I de ser “rey de todos los españoles”. En el verano de 1976, la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, facilitó la puesta en marcha de un proyecto pactado de reforma política que, en un año escaso y con la estimable ayuda de Torcuato Fernández-Miranda, desembocará en elecciones generales, una práctica olvidada en este país desde la etapa republicana.
El texto constitucional promulgado en diciembre de 1978, fruto del consenso de la pluralidad de fuerzas políticas, define a España como un Estado de derecho, democrático y social. A este tercer intento democratizador contemporáneo no le faltaron problemas: los sectores reacios al cambio se escandalizaron con ‘provocaciones’ como la legalización del Partido Comunista, la reforma autonómica, la conflictividad social, la laicización y la crisis económica. El intento golpista del 23 de febrero de 1981 así lo demuestra, al igual que la inutilidad jurídica de pretender justificar actos como éste apelando al ‘estado de necesidad’.
La victoria socialista obtenida en las elecciones de 1982 por mayoría absoluta, con un programa capaz de atraer a diez millones de votantes, simbolizó la reconciliación nacional y la normalización de la vida pública. El liderazgo ejercido por Felipe González, presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por espacio de trece años, se correspondió con una declarada vocación europeísta y un empeño modernizador difícil de negar. Sin embargo, la escalada de la corrupción, el incremento del desempleo, los titubeos en la redistribución de recursos y la crisis ideológica que atenazaba al pensamiento occidental en esos últimos años defraudaron muchas esperanzas.
En las elecciones generales de marzo de 1996, el Partido Popular (PP) se hizo con las riendas del gobierno por un estrecho margen de votos, lo que le condujo a pactar con los nacionalistas vascos y catalanes. Esto entraña una seria dificultad para el PP a la hora de llevar a la práctica el programa de gobierno propuesto durante la campaña electoral. La alternancia democrática está garantizada, pero los retos que tenía por delante el gobierno de José María Aznar, en especial el cumplimiento de los acuerdos de Maastricht y la convergencia con Europa, exigen más que buenas intenciones.
Para lograrlo, el Partido Popular adoptó unas medidas de austeridad y recorte presupuestario, dentro del marco de una importante reforma económica y laboral, para tratar también así de solventar el problema del desempleo, llegando a un acuerdo con los agentes sociales (empresarios y sindicatos). Al mismo tiempo, el gobierno de Aznar tuvo que hacer frente a la violencia de ETA y de los miembros de Jarrai (las juventudes de la Koordinadora Abertzale Sozialista, en la que también se integra ETA), así como al esclarecimiento de los atentados perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) llevados a cabo contra militantes etarras entre 1983 y 1987.
La conjunción de una serie de factores —tales como la eficacia policial, el aumento del rechazo por parte de la ciudadanía hacia la persistencia de atentados, la constatación entre sus miembros de que la vía seguida en Irlanda del Norte era una opción plausible para poner fin al conflicto— hicieron que la organización terrorista decretara, en septiembre de 1998, un alto el fuego indefinido, ratificado en varios comunicados emitidos en los últimos meses de 1998 y los primeros de 1999. No obstante, el 28 de noviembre de ese último año, ETA puso fin a dicho alto el fuego, demostrando así que su intención no había sido otra que profundizar en lo que los terroristas denominaban “proceso de construcción nacional” vasco. En enero de 2000, la organización reanudó la comisión de atentados.
Con una participación del 69,98%; el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas el 12 de marzo de 2000, al lograr el 44,54% de los votos emitidos para renovar el Congreso de los Diputados y 183 escaños (y 127 senadores). El PSOE perdió 16 actas de diputados respecto a los comicios anteriores y se quedó con un 34,08% de votos y 125 escaños (y 61 senadores). Convergència i Unió (CiU) se convirtió en la tercera formación política en número de escaños (15 diputados y 8 senadores) e Izquierda Unida (IU) tan sólo obtuvo el 5,46% y 8 actas de diputado (y ningún senador).
El 1 de enero de 2002 marcó la fecha de la entrada en circulación del euro en España. Culminaba así uno de los pilares básicos del proceso de integración económica europea, en torno al cual se había vertebrado, igualmente, la política exterior española de los años anteriores. Por lo que respecta a este aspecto internacional, el segundo periodo presidencial de Aznar estuvo marcado por otros dos referentes fundamentales: el proceso de negociaciones abierto con el Reino Unido acerca de Gibraltar, y el progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas con Marruecos como consecuencia de toda una serie de factores de desencuentro que culminaron en la denominada crisis de Perejil (este islote deshabitado, llamado Leïla por los marroquíes y situado a pocos metros de sus costas, fue ocupado el 11 de julio de 2002 por efectivos militares de este país, cuyo gobierno puso así en discusión la soberanía española sobre el territorio; durante ese mismo mes, fueron desalojados por tropas españolas que permanecieron durante unos días en el islote).
Decidido a completar su programa en esta segunda etapa, Aznar promovió desde el ejecutivo numerosas iniciativas legislativas (Plan Hidrológico Nacional, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley de Sanidad, reforma del Código Penal). Muchas fueron criticadas por el principal partido de la oposición, el PSOE, con cuyo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo Aznar serias diferencias. Éstas alcanzaron sus máximas cotas con motivo del desastre del Prestige (noviembre de 2002) y por el significado alineamiento de Aznar junto al gobierno estadounidense de George W. Bush durante la crisis de Irak (finales de 2002 e inicios de 2003). Sus posiciones estuvieron mucho más próximas, en cambio, en materia antiterrorista; así, el Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PSOE, el PP y el gobierno en diciembre de 2000, sirvió de marco para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos.

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